El secretario general del PSOE de Fuengirola y candidato a la Alcaldía en las próximas municipales, Javier García León, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar públicamente “el gasto innecesario de 7.000 euros que ha realizado la alcaldesa de los tres coches oficiales, Esperanza Oña, en un informe jurídico”. El documento que ha costado a todos los fuengiroleños un total de 1.260 euros por página recoge las impresiones de un catedrático de Derecho administrativo sobre la sentencia condenatoria del IBI que pesa sobre el Ayuntamiento gobernado por el PP. “En tiempos de crisis hay que desarrollar políticas austeras, todo lo contrario a lo que está haciendo la alcaldesa menos transparente de España pues se gasta 7.000 euros en un documento que podían haber realizado los servicios jurídicos municipales” señala García León quien añade que “ya en su día el Caso Minutas en Marbella fue un escándalo por gastarse el Ayuntamiento 600 euros por página en un informe, tratándose ahora en Fuengirola del doble de lo que en aquel entonces gastó el Consistorio marbellí”.

El TSJA ha dictado sentencia firme sobre la subida de ilegal del IBI del año 2004. La pésima gestión de Oña Sevilla ha provocado una inseguridad jurídica en el organigrama fiscal del Consistorio sin precedentes en la historia del municipalismo fuengiroleño. Durante estos años han presentado presupuestos maquillados y falseados ya que se contabilizaban como ingresos lo que luego no se cobraría por la ilegal exención fiscal. Quisieron jugar a la demagogia de castigar a unos cuantos sabiendo que al final pagarían todos, exactamente lo que tardase la justicia en decirles lo que ya sabían, que era ilegal lo que estaban haciendo.

En 2004 el Equipo de Gobierno del PP aprobó un aumento del 43% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), medida que se aplicaría con carácter retroactivo. En este sentido, el 29 de enero de 2004 se publicó en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) la Ordenanza de Bienes Inmuebles, en la que en su disposición final establecía la retroacción de su aplicación al 1 de enero cometiéndose así la primera ilegalidad. El PSOE y otros particulares afectados llevaron a los tribunales esta subida desmedida de impuestos y ahora el TSJA les ha dado la razón. Esta ilegalidad fue impugnada por centenares de vecinos y ahora el Equipo de Gobierno tiene que darles una explicación y decirles qué ocurre con su dinero, el indebidamente cobrado en el año 2004.

Otra de las ilegalidades que contempla la sentencia es la “ordenanza de subvenciones”, que no es más que una subida de impuestos encubierta. El TSJA dice que desde el Ayuntamiento se ha intentado confundir subvención con exención fiscal que está reservada a la ley. Subieron el 43% de IBI a todos los vecinos porque sabían que la medida no se ajustaba a Derecho y además, lo hicieron de manera discriminatoria perjudicando seriamente a las personas jurídicas, a las empresas generadoras de empleo y riqueza en la ciudad. La subida de impuestos de 2004 nace con un principio de injusticia y desigualdad. Se ha premiado de igual manera a quien tiene diez viviendas que al que tiene una y ha dañado seriamente al pulmón económico de la ciudad, los empresarios, y a los no residentes que vienen a la ciudad a dejar riqueza. Es injusto que aquellas personas que decidieron comprarse una vivienda en Fuengirola con los ahorros de toda su vida, con el sudor de su frente, tengan que pagar las ilegalidades de la alcaldesa menos transparente de España