La Junta de Andalucía "respeta" y "apoya" la solicitud presentada por la familia de Blas Infante ante la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Sevilla para que el padre de la patria andaluza, que fue asesinado el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, sea considerado "víctima" de la Guerra Civil.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas en Granada el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, quien ha recordado que la Administración autonómica tiene un "nivel de compromiso muy fuerte" con todo lo relacionado con la memoria histórica, "de colaboración con las asociaciones y también de colaboración y comprensión con las personas a título individual, como en este caso la familia de Blas Infante".

"Yo creo es que una iniciativa --la solicitud ante Justicia-- que tenemos que respetar y apoyar al mismo tiempo", ha indicado el consejero, que además confía en que la justicia actúe "con absoluta normalidad" y "sea capaz de responder a esa petición que hacen los familiares".

La solicitud de la familia ha sido presentada este jueves en la Gerencia Territorial, una propuesta que el nieto de Blas Infante, Estanislao Naranjo Infante, "no es necesaria, pero sí conveniente" de cara a solicitar al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que se dictó contra su abuelo, contra la que presentará un recurso extraordinario el próximo mes de diciembre.

El fallo que será recurrido se dictó cuatro años después de que Blas Infante fuera fusilado y condenó a su familia al pago de una multa de 2.000 de pesetas "por responsabilidades políticas" concretamente por considerar que "había fomentado la creación de un partido regionalista o nacionalista andaluz y que se había presentado a las elecciones a la Segunda República de 1931".

El pasado 25 de octubre de 2007, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad instar a la Junta a que iniciara los trámites para anular la sentencia dictada el 4 de mayo de 1940 contra Blas Infante, según se recogía en una proposición no de Ley de IU que tenía como objetivo que desde el Ejecutivo autonómico se culminen a "la mayor urgencia" diversos programas e iniciativas en torno a la memoria histórica de la comunidad autónoma.

Posteriormente, concretamente el 13 de mayo de 2010, la Cámara se pronunció a favor de estudiar las vías y posibilidades jurídicas y políticas que posibiliten materialmente el reconocimiento y restitución de la dignidad y el honor del padre de la patria andaluza.