Diario Costa del Sol
21/10/2020

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El Parlamento andaluz convalida el decreto ley que agiliza 27 normas e incluye cien medidas de mejora para favorecer la actividad empresarial frente al COVID-19

02-04-2020
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El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha subrayado que la reforma legal incluida en el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía constituye "un instrumento clave para la reactivación de la economía regional frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19". Así lo ha remarcado en el Parlamento, que ha convalidado dicho texto legal.

En su intervención, Velasco ha asegurado que la mejora de la regulación económica es "una medida de calado necesaria para facilitar la actividad de las empresas y mejorar la vida del ciudadano ante un escenario nacional e internacional de gran incertidumbre, marcado por una considerable pérdida de empleos y el frenado en seco de la actividad en aquellos sectores más afectados como el turismo y los servicios".

Esta norma, coordinada por la Consejería de Economía, Conocimiento, agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Al respecto, el titular de Economía ha puesto el acento en que "esa simplificación de trámites y reducción de requisitos, en ningún momento, supondrá la relajación en cuanto a las garantías necesarias de cualquier medida". "No significa que no vayamos a ser firmes con el cumplimiento de la seguridad jurídica", ha remarcado para añadir a continuación que "todo ello representará una liberación de cargas de trabajo en la Administración, permitiendo así redireccionar esos recursos a mejorar el control y seguimiento de los procedimientos".

Durante su discurso, Rogelio Velasco ha aclarado que el decreto ley implica la actuación sobre grandes leyes pero también incluye medidas que, en su conjunto y sumadas al resto, tienen un efecto directo sobre el crecimiento económico de la región. De hecho, ha puntualizado que "acercarse a la media europea en cuanto a nivel regulatorio puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años".

Velasco ha querido dejar de manifiesto que "la mejora y simplificación de la regulación ha sido una prioridad para el Gobierno autonómico en esta legislatura, como demuestra el impulso al Plan para la Mejora de la Regulación Económica", en el que se enmarca este decreto ley, que según ha señalado "incluye las primeras medidas de otras muchas que se consideran urgentes acometer de manera prioritaria".

En su defensa de la reforma, Rogelio Velasco ha apuntado que Andalucía presenta desde hace años "importantes debilidades" en materia de regulación económica, tal y como ponen de manifiesto informes como el 'Competitiveness Index', que "ya alertaba en 2016 sobre la pésima posición andaluza, al ocupar el puesto 220 de las 263 regiones europeas".

A su juicio, "esa situación ha venido perjudicando tanto al ciudadano como a las empresas andaluzas" y para sustentar esa argumentación ha explicado que en la comunidad una empresa tarda 162 días en obtener la licencia de obras e instalación, es decir, casi cinco meses y medio. También ha puesto otro ejemplo: las pymes industriales tardan de media 168 días en Andalucía en poder comenzar su actividad, casi el triple del tiempo empleado en Castilla y León (62 días).

El consejero de Economía ha explicado que la sobreproducción de normas y procedimientos provoca inseguridad y falta de respuesta al ciudadano, falta de transparencia, incremento de los costes y reducción de la eficacia en la Administración por dilación de trámites en el tiempo y rechazo de las empresas para acometer proyectos, e incluso desviación de posibles inversiones a otros territorios. Por ello ha defendido el trabajo que se ha realizado en la comunidad, apostillando que "dicha norma representa el trabajo más ambicioso que nunca se ha realizado en la historia de esta autonomía en materia de revisión y simplificación de la legislación vinculada a la actividad económica".

Igualmente, ha aclarado que el decreto ley "es solo el principio", puesto que "esta norma sienta las bases de una reforma más profunda y con vocación de permanencia". De hecho, la Consejería de Economía viene trabajando en la revisión de 872 procedimientos que afectan directamente a la actividad empresarial, de los que una cuarta parte, el 25%, puede simplificarse. Esta segunda parte de la revisión se irá aplicando de forma progresiva y al amparo del Plan para la Mejora de la Regulación, "con el objetivo último de reorientar el modelo productivo y hacerlo más competitivo y sostenible", ha resaltado.

Refuerzo del papel de la Agencia de Defensa de la Competencia

El decreto ley da mayor relevancia al papel de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que pasa a denominarse a partir de ahora Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.

El consejero de Economía ha detallado que se reforzará el encargo que esta entidad tiene de coordinar la planificación y evaluación periódica de la normativa. Además, ha explicado que hará las recomendaciones sobre reformas encaminadas a la mejora de la competitividad. "Será la encargada de impulsar la regulación eficiente y la eliminación de trabas desproporcionadas", ha dicho, para añadir que "en su actuación será determinante la participación de los agentes económicos y sociales, así como la coordinación con el resto de consejerías".

Comercio

Rogelio Velasco ha desgranado las principales novedades aportadas por el decreto ley de mejora de la regulación económica, indicando que en materia de comercio, la norma revisa la Ley de Comercio Interior de Andalucía (de 2012) y el Decreto de 2014 que regula las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Velasco ha indicado que, con el fin último de favorecer a los consumidores y a los comercios, la reforma incorpora, entre otras medidas, el incremento progresivo de los días de apertura autorizados en el año en los establecimientos comerciales con una superficie superior a los 300 metros cuadrados, elevándose para el año 2020 de 10 a 12. Esta decisión, que supone una adaptación a la norma estatal, implica una flexibilización que favorecerá que el tejido comercial andaluz pueda competir con las grandes plataformas de venta electrónica, que están disponibles las 24 horas al día los siete días de la semana.

En su intervención, el consejero de Economía ha puntualizado que "este sector es uno de los que en mayor medida se está viendo afectado por el Covid-19". Hasta antes de la crisis sanitaria, daba empleo a más de medio millón de personas en Andalucía, lo que supone el 16,47% de los empleados en la comunidad.

Por otro lado, el decreto ley autoriza también a los ayuntamientos a permutar dos festivos por otros que interese más a la localidad. Hasta ahora solo se autorizaba la permuta de un solo día.

De manera global, con las mejoras regulatorias introducidas se estima que la demanda se incrementará en un 1%, lo que se traduce en un volumen de negocio adicional de 321 millones de euros, 937 nuevas empresas de comercio minorista y la creación de 3.000 empleos más.

Turismo

En cuanto al sector turístico, se procede a mejorar y actualizar los criterios con respecto a los municipios de interior que quieran ser declarados Municipios Turísticos. Así, al reducir la media anual necesaria de pernoctaciones de la población de derecho del municipio, o bien durante tres meses al año, de un 10% a un 8%, la estimación de localidades del interior de Andalucía que cumplirían las condiciones se incrementaría en más de un 28%. En concreto, se pasaría de 28 municipios que cumplen actualmente el 10% a 36 municipios.

Se modifica además la regulación del Plan General de Turismo al suprimir la exigencia de evaluación ambiental, ahorrando 30.000 euros del coste de redacción y acortando la tramitación de 30 a 12 meses.

Fomento de las energías renovables

Por su parte, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía modifica, en materia energética, el artículo 3 del Decreto Ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, con el fin de establecer un criterio de madurez en los proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no acogidas a los regímenes retributivos específicos. Así, los proyectos deberán acreditar un acuerdo con los titulares de los terrenos necesarios para la ejecución de las infraestructuras. Esta medida contribuirá a una real y efectiva agilización administrativa de su tramitación.

Cambio climático y economía circular

En lo que respecta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se modifican ocho leyes y una disposición reglamentaria a fin de beneficiar al sector agroalimentario andaluz, facilitando la participación en la lucha contra el cambio climático y favoreciendo la economía circular, principalmente en el ámbito rural, con iniciativas que hagan de la gestión de residuos una oportunidad de desarrollo y empleo.

En materia agroalimentaria destacan los cambios introducidos en la norma que regula las interprofesionales con el objetivo de incorporar al sector de la distribución conjuntamente con el productor, transformador y comercializador. Esta medida está orientada a lograr un mayor equilibrio en la cadena alimentaria.

Además, se retocan tres artículos de la Ley de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, marisqueo y acuicultura marina para eliminar trabas burocráticas y facilitar la implantación y el desarrollo de proyectos de acuicultura en la región.

En lo que respecta al ámbito medioambiental y de política de aguas, destaca la importancia de las modificaciones normativas, puesto que abre la puerta a un procedimiento más ágil de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), lo que conllevará un impulso al sector del aceite andaluz, al facilitar la instalación de almazaras, y una apuesta por el reciclaje, al favorecer la implantación de plantas de reutilización, de compostaje y puntos limpios.

Asimismo, se dan pasos en la lucha contra el cambio climático, allanando la adhesión voluntaria para la eliminación de gases de efecto invernadero, al tiempo que se corrigen defectos de la Ley de Aguas para mejorar la capacidad de acción de la Administración y lograr una mejor gestión de los recursos hídricos.

Modificaciones en materia urbanística

Por otra parte, el decreto ley de simplificación incluye cuatro modificaciones de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En primer lugar, se sustituye la licencia de obras municipal por la Declaración Responsable para obras menores y obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado, siempre que sean conformes con la ordenación urbanística y no alteren los parámetros de ocupación y altura ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.

Esta medida permite iniciar las obras desde el momento de la presentación de dicha declaración, eliminándose un trámite que hasta ahora podía prolongarse hasta 12 meses en determinados municipios.

Además, se sustituye el trámite de licencia de ocupación por el de Declaración Responsable para edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado. Esto posibilita ocupar viviendas y poner en funcionamiento locales, comercios, servicios, etc., desde el momento de la presentación de dicha declaración.

La medida elimina un trámite que actualmente puede llegar en algunos municipios a nueve meses. Con estas dos acciones se estarían ahorrando, en algunos casos, de 12 a 20 meses de tramitación. La supervisión de las obras y actividades se realizaría a posteriori por el ayuntamiento, quedando garantizado el control de la actividad urbanística. Se gana agilidad sin perder seguridad jurídica.

En cuarto lugar, se refuerza la función de coordinación de los informes sectoriales al planeamiento urbanístico que tienen las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, obligando a emitir de forma coordinada los informes de todas las consejerías de la Junta tras la aprobación inicial de dichos instrumentos de planeamiento.
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